Puntos Suspensivos

Hoy se suspenden mis contribuciones semanales como columnista en este apreciado diario. El Presidente Santos me ha designado Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. Es oportuno anotar que, como lo ha dicho públicamente el Presidente, este nombramiento se produce después de un proceso de selección coordinado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. La Casa de Nariño me invitó hace varios meses a que aceptara considerar mi nombre como candidato a desempeñar ese alto cargo del gobierno nacional. Ponderadas todas las circunstancias, gustosamente acepté la invitación. Y aquí estoy ahora, pensando cómo será la mañana del próximo martes sin el breve pero intenso suplicio de la página en blanco y el tiempo que corre. Con seguridad habrá otros entretenimientos.

Van más de quinientas cuartillas mías puestas en estas páginas de opinión. Un inventario de todos esos escritos pondría en evidencia las contradicciones del escribano, sus cambios de opinión sobre asuntos graves, sus porfías con ciertos argumentos repetitivos.  Y su lealtad con su propia conciencia. Una mirada hacia atrás mostraría –perdonar la arrogancia- un interés pedagógico más que una actitud puramente pugnaz y pendenciera. No puede haber crítica social responsable sin alumbrar el escenario.

Ha sido una fortuna para mí tener un lugar en estas páginas durante más de una década. Cuando algún golpe político, o militar, o terrorista, o alguna decisión empresarial, retira del aire una institución como ésta, es cuando uno se da plena cuenta de su valor social. Y poder estar dentro de ella por tanto tiempo es una bendición.  Y he aquí otra buena fortuna: Mis escritos nunca han sido objeto de reproche ideológico,  ni recibí jamás sugerencia alguna de censura originada en el gobierno editorial de este querido medio.  No siempre me fue tan bien en otras instancias.

Mauricio Rodríguez, Silverio Gómez y Ricardo Ávila fueron mis amables caseros editoriales, siempre con la coordinación (a veces de ceño fruncido por la angustia del cierre, siempre con una risa franca y amistosa) de Rosa María Cárdenas. Gracias.

Ahora  toca cerrar el opinadero público, someterse a las disciplinas de los servidores del Estado, y ejercer con juicio la autoridad que el Presidente de la República le delega a la Superintendencia de acuerdo con la Constitución.   Habrá que conocer, y reconocer,  el patrimonio histórico acumulado por esa entidad durante dos décadas y después rendir públicamente cuentas por la administración interna y por el cumplimiento  del deber.

Éste no es otro que el de asegurar el continuo mejoramiento de la vida de la gente como titular de derechos en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. El Estado regulador, por vía de las Comisiones Reguladoras, debe tener el auxilio eficaz de la autoridad supervisora, para que la intervención estatal sea profunda y cumplidora con la gente. Allí están las dos columnas del edificio estatal moderno que ha diseñado la Constitución Nacional en el campo de los servicios públicos.  Son dos columnas separadas, pero claramente interdependientes. La ciudadanía sabe, porque lo sufre, que no vivimos en un mundo de ángeles, que el camino del progreso democrático es ancho y tortuoso y que el presente es mejor que el pasado, a pesar de tantas fallas institucionales persistentes y tantos golpes que nos ha dado la naturaleza, en buena medida como respuesta a nuestros abusos contra el medio ambiente natural.

Gracias a los lectores. Por ahora, puntos suspensivos.

No bastan buenos economistas

La terrible situación fiscal griega no puede atribuirse simplemente a una sucesión de gobiernos ineptos. Es trivial tratar de medir la calidad del gobierno mediante algún parámetro universal de la buena gestión pública; en todas partes, incluyendo Colombia, siempre hay que observar un elemento intermediario, que es el conjunto de las instituciones políticas y culturales.

En este marco, el desastre griego no resulta simplemente de la acción de burócratas locos y alegrones, exentos de reglas claras de sostenibilidad fiscal.  Ni aquí, ni en parte alguna, buenos economistas prácticos son suficientes para detener un torrente de acciones que degüellan las finanzas públicas y hacen colapsar la economía y que, como en el caso griego, amenazan con  un contagio en toda la zona del euro. El análisis más frecuente plantea que las soluciones son de carácter económico y financiero, que la medicina puede ser amarga pero que si se aplica juiciosamente el país vuelve a recuperar la salud para empezar a pagar la cuenta de los cuidados intensivos. Aquí hace falta el análisis político, o de economía política si usted quiere.  

Ni las salidas a los problemas fiscales en Grecia y Colombia son solamente económicas, ni la cosa se resuelve simplemente abandonando una supuesta manía neo constitucionalista que pone los derechos ciudadanos por encima de cualquier consideración fiscal.

Vamos a la Grecia contemporánea, que puede ser un espejo en el que mire el régimen político colombiano, pero no solamente en lo que tiene que ver con la manía. En noviembre del año pasado la Revista Virtual Opendemocracy.net publicó un artículo muy interesante del Profesor  Takis S. Pappas sobre los antecedentes de la crisis griega (“The causes of the Greek crisis are in Greek politics”.

En síntesis, Pappas argumenta que los orígenes del problema están en “las enfermedades” del sistema político instalado en Grecia desde hace tres décadas, y que la solución reside en nada menos que en la reorganización del tejido político e institucional de ese país.  ¿Cuáles son, según el autor, tales enfermedades? Primera, el populismo, que Pappas equipara a dos hechos: por una parte, la enorme expansión del gasto público, financiado por los generosos fondos de desarrollo provenientes de la Unión Europea (Grecia es miembro desde 1981) y  por un crecimiento igualmente enorme de la deuda pública. Esta historia produjo una clase media altamente consumidora de bienes y servicios procedente de Europa. Y por la otra, una mediocre condición tributaria; la carga de impuestos en Grecia es más leve que en los demás países de la Unión Europea, debido a la evasión tributaria y a la ineficiencia del sistema de recolección de impuestos. Este hecho se refleja, además, en el gran tamaño de la llamada economía informal o paralela. Este ambiente ha producido en la población una fuerte resistencia a los ajustes fiscales.

La segunda enfermedad es la del clientelismo como condición del éxito electoral de los dos principales partidos que se disputan el poder. Y la tercera es el etnocentrismo, que se expresa según Pappas en un patriotismo extremo y la xenofobia. Siendo así, la “europeización” de la  sociedad griega tiene mucho de caricatura.

Grecia va para un recorte obligado de su deuda pública a cargo de sus acreedores públicos y privados. El euro puede estremecerse. Y después tendrá que venir un volantín de las instituciones políticas. No bastarán buenos economistas.

Bajar la Escala del Mapa Cambiario

La discusión pública sobre la tasa de cambio, su posición y sus movimientos, carece de la calidad necesaria. Hay dos extremos ideológicos:

En uno de ellos están quienes quieren un vuelco al “modelo”  y la erradicación de la ortodoxia dominante y las prácticas hoy aceptadas por quienes manejan el Estado.  Quienes tienen estas visiones están parados en un mapa a gran escala; no se preocupan por  los detalles institucionales y culturales involucrados. Están del lado de la consejería, no de la gestión.  No tienen influencia alguna en las instituciones políticas.

En el otro extremo están quienes promueven una estrategia que obligue a los productores de bienes transables a bajar costos, aumentar la productividad y ser “competitivos”, como única salida ante una tasa de cambio quebrantadora.  Algunos de ellos son amigos de una estrategia de “mitigación”, similar a la que se inventaron quienes montaron el sistema AIS, supuestamente para compensar en el campo el impacto del TLC con Estados Unidos.  Otros, en este mismo extremo,  alegan que más temprano que tarde el dólar restablecerá su condición de moneda superpoderosa: entonces el ajuste vendrá desde la Reserva Federal. Estos extremistas tienen alguna influencia en las instituciones políticas.

No voy a decir, no,  que el Banco de la República está bajo el control de este extremo. De eso no se trata. El lugar que ocupa el Banco Central colombiano en las instituciones políticas está determinado en la Constitución y la Ley. No obstante, aun teniendo en cuenta los textos legales, el BR se ha ganado en la mente colectiva del “establishment” un estatus de intangibilidad que no tienen otros bancos centrales independientes del mundo. La institución colombiana de banca central es un logro importante de la Constitución del 91, y sus resultados en materia de inflación son innegables.  Pero el escrutinio público inteligente e informado sobre sus acciones no es suficiente. Ello no es culpa del Banco, sino de la guardia ideológica montada por sus defensores a ultranza.

El artículo del economista Juan Fernando Echavarría U. (“Balanza de Pagos y Revaluación”), publicado ayer en este diario, va en la dirección correcta.  Sin mencionar para nada la política del banco central,  Echavarría reduce la escala del mapa cambiario y encuentra, por ejemplo, que la bonanza minera no ha alcanzado a producir un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, de modo que allí no se encuentra un claro impulso revaluador del peso.  Que los flujos de inversión extranjera el año pasado no fueron superiores a la suma de los dividendos remitidos al exterior por compañías extranjeras y a la reinversión de utilidades.  Que en el 2010 el gobierno no atizó el fuego revaluacionista.  Que el endeudamiento privado sí  está siendo una fuente grande de oferta de divisas. ¿Por qué y para qué este comportamiento de las empresas con domicilio en Colombia?  En síntesis, falta seguir reduciendo la  escala del análisis para entender qué diablos nos está pasando con la tasa de cambio.  Este enfoque inteligente  es la única salida. Muy buena contribución intelectual.

Falta un detalle: el influjo del narcotráfico, del contrabando y en general de la economía ilegal en la formación de la tasa de cambio; este detalle, infortunadamente, sigue siendo una nota de pie de página, si acaso, en los análisis usuales que nos ofrece el Estado sobre la situación cambiaria.

Otra vez la decencia

Óscar Paredes, director de Ingeominas desde hace sólo tres meses, está haciendo una tarea responsable y competente. Esto es lo que le ha permitido al ministro de Minas y Energía declarar que el ambiente de regulación y supervisión de las industrias mineras es una auténtica ruina.

¿Qué van a decir ahora los juiciosos analistas que calificaban como un atentado contra el progreso el movimiento ciudadano de oposición a Santurbán/Greystar y a otros ultrajes a la Ley en materia de extracción minera?

Rodado anunció la suspensión del trámite de 19 mil solicitudes de licencias. Con el supuesto “activismo empresarial” que el sólo número refleja, ningún Estado sería hoy capaz de gestionar a derechas su papel regulador. Lo que estaba viviendo Colombia ¿era una energía emprendedora sin límites, o un asalto a las débiles instituciones mineras. Una feria de bandidos. Seguramente un número de solicitudes en proceso corresponde a proyectos serios y auténticos. Son víctimas del tropel de tramposos. Ahora el gobierno debe ponerse a construir el mapa verdadero de la minería sostenible y restituirle la decencia a ese sector de la administración pública.

Mientras tanto, ay de la locomotora.

Para formar el nuevo ambiente minero hay que mirar hacia los países expertos en estas cosas; Australia es, sin duda, un buen ejemplo. No creo que allí el mundo sea perfecto; pero la historia australiana es ciertamente muy valiosa.

De entrada, en ese país es muy eficiente la información sobre el catastro y los títulos mineros; ésta se encuentra disponible en tiempo real por vías electrónicas. Usted puede saber, al golpe de tecla, quiénes son titulares de los derechos, dónde están los territorios con prospectivas adelantadas, cuál es el estado de las solicitudes, qué condiciones les han sido impuestas a todas las licencias vigentes.

En la Internet he visto que El Estado de Australia Occidental es, entre las siete jurisdicciones federales (seis Estados y el Territorio del Norte, que tiene una legislación especial), la región minera por excelencia en un país donde la minería y los hidrocarburos son de la esencia económica y social.  En Australia Occidental hay más de 500 proyectos mineros comerciales, 900 operaciones mineras y 70 campos petroleros y gasíferos. El PIB anual del Estado en minas e hidrocarburos vale unos 55 mil millones de dólares, y la minería contribuye con más del 80%.

Para un título de exploración minera, el proponente somete su solicitud a la autoridad responsable. Ésta debe obtener la opinión de diversas agencias públicas. Los propietarios del suelo, las comunidades nativas y el público en general deben ser informados de la solicitud en trámite;  se requiere un estudio ambiental, especialmente en áreas “sensibles” desde el punto de vista ambiental y social.  Una corte estadual estudia las objeciones y recomienda las decisiones que ha de tomar el gobierno.  Las licencias de exploración tienen una vigencia de cinco años, que puede extenderse si el licenciatario demuestra que requiere ulteriores trabajos exploratorios. No hay límite al número de licencias que una persona o sociedad puede poseer en cualquier momento.

Así, sobre la base de una información catastral disponible en línea  y de un proceso de continua comunicación con la ciudadanía, las autoridades del Estado responden por sus obligaciones de regulación y control. ¿En qué se parece esto a la feria de bandidos en que llegó a convertirse el mundo de la minería en Colombia?