Los otros capítulos de los TLC

Desde Julio tendremos Acuerdo de Libre Comercio con Suiza. Vendrán después los demás signatarios del Acuerdo, que son los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA (Noruega, Islandia, Liechtenstein). El bajo nivel de comprensión de lo que abarca este Acuerdo quedó de algún modo explícito en algún informe colombiano de prensa: Dice que, bajo el acuerdo, Colombia podrá exportar a Suiza, principalmente, petróleo, café, carbón y otros minerales. Ajá. Nuestras mayores ofertas vendrán de los sectores que no necesitan Tratados de Libre Comercio para entrar en esos mercados. Es claro que debemos mantener el optimismo sobre futuros progresos en el acceso al mercado de la EFTA por parte de otras “locomotoras”, más significativas para el empleo y el desarrollo tecnológico.

Mientras tanto, otros puntos del Acuerdo debieran despertar el interés ciudadano. Son temas no vinculados con las transacciones comerciales propiamente dichas.

Igual cosa ocurre con el TLC con Estados Unidos. Las alabanzas locales tienden a concentrarse en el acceso “a un mercado de 310 millones de consumidores”; esta es la plataforma de quienes tienen fundadas sus esperanzas en los beneficios del tratado. Hablemos en esta ocasión de las normas sobre la resolución de conflictos.

Estas no son glamorosas para los economistas “puros”, y el campo queda exclusivamente para los abogados. No obstante, estos aspectos normativos tienen fuertes connotaciones políticas y de interés público. No son, simplemente, aburridos asuntos para especialistas.

Las reglas de protección de inversiones en los TLC les conceden a los inversionistas privados derechos novedosos en relación con el statu quo anterior a la moda de los Tratados bilaterales.  Haciendo uso de este mecanismo extraordinario, los inversionistas privados pueden demandar indemnizaciones a los gobiernos de los países signatarios, por violaciones a las reglas de protección a inversiones. Este sistema de solución de disputas  entre inversionistas y Estados permite que un inversionista que considera violados sus derechos al tenor del TLC demande el establecimiento de un tribunal internacional de arbitramento para tramitar su queja, y buscar allí compensaciones monetarias con cargo al erario del país que resulte condenado.

Este poderoso instrumento de protección de inversiones fue concebido, fundamentalmente, para blindar las inversiones transnacionales contra posibles nacionalizaciones o confiscaciones de propiedades privadas por parte de alguno de los Estados miembros del acuerdo. Pero los casos que han sido sometidos al arbitramento poco han tenido que ver con temas de expropiación: Las disputas planteadas se relacionan principalmente con leyes ambientales, regulaciones y medidas concretas tomadas por los gobiernos a escala nacional, regional o local que, según los demandantes, violan los Tratados en materia de inversiones.

Con los TLC, incluyendo el colombiano con Estados Unidos, se produjo un fuerte giro en los ejes del arbitramento internacional. El sistema existía originalmente para dirimir disputas entre partes privadas, relacionadas con transacciones comerciales concretas.  Pero ahora los tribunales internacionales de arbitramento (de la ONU o del Banco Mundial) se pueden ocupar de casos relacionados con la conducción de la política pública en los países signatarios. Además, la definición de “inversionista” en el caso colombiano es bien amplia: incluye empresas, tenedores de bonos, concesionarios, y titulares de derechos de propiedad intelectual.

En el planeta contemporáneo estas instituciones ya pertenecen al tejido de la “comunidad internacional”. Seamos optimistas: estas reglas y disciplinas, que sepultan el viejo concepto de soberanía, pueden ser útiles para ponernos en orden. Pero hay que ser conscientes de que estos capítulos no comerciales de los TLC que Colombia ha suscrito son su verdadera almendra.

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