¿Regla fiscal en la Constitución?

Hay preguntas sin respuesta. Hace unos veinte años asistí a una conferencia del físico y filósofo Argentino Mario Bunge en la Universidad de la Plata. Después de su charla ante centenares de asistentes, muchos querían acercársele a para pedirle un autógrafo, o para tener una foto con él. Uno de sus admiradores logró cruzar miradas con Bunge y, agobiado por la excitación, sólo acató a preguntarle: “maestro, ¿y cómo va esa filosofía?”

Hay preguntas con una sola respuesta. ¿Es buena la sostenibilidad fiscal? No hay una sola voz articulada en contra de un principio que se anida en la ética pública y en la decencia en el manejo de los asuntos del Estado. Si en el mundo hay numerosos ejemplos de vulneración de este principio, ello es el resultado de fallas institucionales en el manejo de las finanzas públicas; fallas vinculadas con la falta de responsabilidad política de los gobernantes, con la mala regulación de los mercados financieros, con la prevalencia de ciertos pecados capitales, en fin…muchos aspectos del mundo contemporáneo se inclinan decididamente a violentar los principios de la ética y la decencia. El antídoto está en el buen gobierno como conducta.

Hay que tener reglas fiscales, claro, contra los “espíritus animales”. Pero es un pésimo dispositivo de debate poner del lado de los enemigos de la sostenibilidad fiscal a quienes hacen observaciones a la manera como se imponen las reglas fiscales y al contenido mismo de dichas reglas. Para hacer las cosas bien, es importante tener en cuenta las lecciones de otras partes y  reconocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Las opiniones editoriales que publican algunos órganos de prensa internacionales y los comentarios de algunos columnistas especialmente influyentes, tienden a recibirse aquí como la verdad irrestricta. Si, por ejemplo, The Economist aplaude, se trata de un espaldarazo, de una buena calificación. Si  critica o rechaza, se toma como un regaño del Olimpo que debe llevar a corregir el rumbo. No importa si las opiniones de esa revista, o del Wall Street Journal, o similares, han sido escritas por alguna mano ignota residente en Los Rosales de Bogotá.

Desde la redacción de The Economist  (¿Escritorio de Rosales?)se escribió el 14 de Abril lo siguiente: “…Pero en un país cuya corte constitucional puede obligar al gasto público (por ejemplo, al declarar que la gente tiene derecho a cuidados médicos de alto costo)” (…el Proyecto de Ley de la regla fiscal) puede no ser suficiente. Así, el gobierno está impulsando una reforma constitucional al estilo Alemán para entronizar la noción de sostenibilidad fiscal.”  Caramba, lo dijo The Economist. Hubo voces editoriales contentas por el resto del artículo, pero nadie hizo notar que el texto transcrito nos da la razón a quienes  creemos que el Proyecto de Reforma Constitucional busca (o buscaba, ya no se sabe) generar una tensión constitucional entre los derechos fundamentales y el derecho, o principio, de sostenibilidad fiscal.  Y que, visto así, este no es un buen acto constituyente.

El FMI publicó  en diciembre de 2009 un artículo muy bueno sobre las reglas fiscales en los países miembros. Según éste, sólo cinco países han llevado a sus constituciones reglas numéricas de manejo fiscal: Alemania, Suiza, Polonia, Comoros y Brasil. Ninguno pone en el Libro la sostenibilidad fiscal como un principio a secas. Todos le ponen cifras.  ¿Acaso no sería mejor aprobar una buena Ley de Regla Fiscal en vez de ir hasta un mal acto Constituyente?

TLC, afortunada paradoja

Causaré indignación en ciertas almas patrióticas: Yo sí creo que la justicia y la libertad han tenido un avance cierto con los últimos acontecimientos en el trámite del TLC con Estados Unidos. Después de siete años de ires y venires, silencios y dilaciones, ahora parece que el nudo se desata mediante un “programa conjunto” de rescate y promoción de la decencia en el régimen laboral y en la protección de los derechos sindicales en Colombia.

Afortunada paradoja: El TLC ha producido un resultado positivo concreto para un sector social radicalmente opuesto a este acuerdo llamado de libre comercio. Los compromisos que adquirió el gobierno en materia laboral y de protección a los derechos básicos podrían ser más importantes para Colombia que la gran mayoría de las cláusulas del Tratado. Si se aprueba finalmente en Washington, el TLC le va a doler a la sociedad colombiana en muchos puntos sensibles. Pero los dolores podrían compensarse en buena medida mediante una mejora notable en la calidad de la vida laboral. Esta es una excelente noticia, en una historia cubierta de ultrajes y de indiferencia en el ánimo de buena parte de la comunidad colombiana.  Han de estar de plácemes los líderes de las precarias organizaciones de trabajadores. Y han de estar preparándose también para asumir la conducción seria y ponderada del movimiento social.

Los devotos del TLC se torcían de indignación ante el continuo desdén de la contraparte. Ahora otros comentaristas ven ultrajada la dignidad nacional  por cuenta de la manera como el gobierno de Estados Unidos “le impone” estos compromisos al gobierno colombiano a guisa de “si quieres marrones, aguanta tirones”.  Esta indignación es prueba de la liviandad con que la cúpula social observa el mundo sindical, sus agobios y tragedias. ¡Qué va! La dignidad nacional  ha sido largamente ofendida, a la vista del mundo, por la violencia de la vida en Colombia.  Venga de donde venga el impulso, lo que importa es que Colombia introduzca factores de respeto y compasión por su gente. Es cierto que el telón de fondo de este “programa conjunto” es la disputa política interna de los gringos. Pero si aquí no ha habido suficiente poder ciudadano y sindical para poner las cosas en orden, pues bienvenida la intervención desde afuera. Fernando Pessoa dijo, mi patria es la lengua portuguesa. Digamos también que la dignidad humana no tiene bandera. Para que nadie se sienta tratado como un lacayo, hay que cultivar la auténtica dignidad nacional: La que proviene de vivir en un país apacible.

Ahora es más probable que el TLC pase por el aro de fuego del Congreso de Estados Unidos.  Vamos a ver. Hay que repetirlo: no será una panacea, ni la roca que empuje al abismo a la economía nacional.

Lo que ahora resulta sensato es poner el asunto en el terreno que corresponde, que es el terreno de los asuntos de interés nacional y su contraste con los negocios privados. En lo puramente comercial, el 37% del universo arancelario de Estados Unidos tiene tarifa igual a cero. El arancel promedio es 3%. Colombia no requiere tratamiento especial para acceder al mercado gringo de café, petróleo, carbón, banano, ferroníquel, oro, esmeraldas. Esas corrientes comerciales no necesitan TLC. En las actuales condiciones de infraestructura física y de tasa de cambio, no se ve por dónde podría venir, en el futuro previsible, un sustancial aumento de las exportaciones  beneficiarias del TLC.

Pero, bueno, apareció un inesperado punto a favor.

 

Siete años, y lo que falta

En el ambiente interno es evidente el fastidio con el largo capítulo de la ratificación del TLC en el Congreso de Estados Unidos. Este acuerdo comenzó siendo aclamado por el gobierno Uribe como un instrumento clave del desarrollo colombiano, dizque por el agotamiento del mercado interno;  la administración Santos lo considera “modernizante” pero, con una buena dosis de hastío, la Canciller dijo que Colombia bien podía vivir sin el TLC.

Comentarios de similar contenido ha hecho el embajador de Colombia en Washington, Gabriel Silva. Él dice que Colombia “no se obsesiona” con el TLC. Obsesión o no, para muchos sectores de opinión en Colombia  esta saga de cinco años desde cuando los negociadores firmaron el texto del acuerdo – después de dos años de conversaciones – se ha convertido en un asunto de dignidad nacional. Por ello, ya se discute menos sobre la real conveniencia estratégica del TLC, y más sobre el maltrato que los gringos le dan a uno de sus principales aliados regionales. Recogiendo este ambiente, el director de la Revista Virtual Razón Pública Hernando Gómez Buendía ha escrito que la tardanza en ratificar el Tratado es humillante, y que bien vale la pena escudriñar un nuevo camino, mirando al sur y a China. Cierto. Probablemente el Embajador Silva hubiera dicho lo mismo si no fuera por la dureza de su investidura diplomática.

En el Capitolio y en la Casa Blanca la preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Colombia es un factor de bloqueo del proceso legislativo del TLC. Un  factor de muy alta legitimidad y urgencia, sin duda. Y también ha sido un buen argumento de los lobbies sindical-electorales que influyen en la actitud de muchos legisladores gringos del Partido Demócrata y en la del presidente Obama. 

En los últimos días el congreso gringo parece haber salido del letargo con el TLC colombiano, dándoles nuevas ilusiones al gobierno y a los ofendidos en su dignidad nacional. Pero hay que ser realistas: Se trata de movimientos impulsados principalmente por el tira y afloje de la política interna de Estados Unidos, y no tanto por la solidaridad continental, o por razones geopolíticas.  El lunes el Wall Street Journal publicó un artículo firmado por dos importantes senadores demócratas, Kerry y Baucus, presidentes de dos comités claves del Senado.  El artículo clama por la ratificación del TLC colombiano, indicando que el tratado abre nuevos mercados para las exportaciones de Estados Unidos, que las cosas han mejorado en la legislación laboral colombiana y que las autoridades aquí están haciendo esfuerzos concretos para mejorar la seguridad personal de los líderes sindicales. 

Esta declaración  sugiere que el TLC pasará con facilidad en el Senado. Los líderes demócratas de la Cámara Baja han dicho, por su parte, que la Casa Blanca debe presentar al mismo tiempo, para su aprobación,  los tres tratados pendientes: Los de Corea del sur , Panamá y Colombia. Debe recordarse que Obama quiere  que se ratifique el TLC negociado con Corea del Sur de manera separada y previa  respecto de los acuerdos con Panamá y Colombia.  Pero los líderes de su partido en el congreso le están diciendo que debe abandonar esta posición. Así, la dignidad nacional que algunos sienten ofendida pende de las disputas internas del partido de gobierno. Todos: Obama y los legisladores demócratas tienen los ojos puestos sobre los lobbies y sus electores y no tanto sobre el interés nacional de Colombia. Veremos.