Puntos Suspensivos
Hoy se suspenden mis contribuciones semanales como columnista en este apreciado diario. El Presidente Santos me ha designado Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. Es oportuno anotar que, como lo ha dicho públicamente el Presidente, este nombramiento se produce después de un proceso de selección coordinado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. La Casa de Nariño me invitó hace varios meses a que aceptara considerar mi nombre como candidato a desempeñar ese alto cargo del gobierno nacional. Ponderadas todas las circunstancias, gustosamente acepté la invitación. Y aquí estoy ahora, pensando cómo será la mañana del próximo martes sin el breve pero intenso suplicio de la página en blanco y el tiempo que corre. Con seguridad habrá otros entretenimientos.
Van más de quinientas cuartillas mías puestas en estas páginas de opinión. Un inventario de todos esos escritos pondría en evidencia las contradicciones del escribano, sus cambios de opinión sobre asuntos graves, sus porfías con ciertos argumentos repetitivos. Y su lealtad con su propia conciencia. Una mirada hacia atrás mostraría –perdonar la arrogancia- un interés pedagógico más que una actitud puramente pugnaz y pendenciera. No puede haber crítica social responsable sin alumbrar el escenario.
Ha sido una fortuna para mí tener un lugar en estas páginas durante más de una década. Cuando algún golpe político, o militar, o terrorista, o alguna decisión empresarial, retira del aire una institución como ésta, es cuando uno se da plena cuenta de su valor social. Y poder estar dentro de ella por tanto tiempo es una bendición. Y he aquí otra buena fortuna: Mis escritos nunca han sido objeto de reproche ideológico, ni recibí jamás sugerencia alguna de censura originada en el gobierno editorial de este querido medio. No siempre me fue tan bien en otras instancias.
Mauricio Rodríguez, Silverio Gómez y Ricardo Ávila fueron mis amables caseros editoriales, siempre con la coordinación (a veces de ceño fruncido por la angustia del cierre, siempre con una risa franca y amistosa) de Rosa María Cárdenas. Gracias.
Ahora toca cerrar el opinadero público, someterse a las disciplinas de los servidores del Estado, y ejercer con juicio la autoridad que el Presidente de la República le delega a la Superintendencia de acuerdo con la Constitución. Habrá que conocer, y reconocer, el patrimonio histórico acumulado por esa entidad durante dos décadas y después rendir públicamente cuentas por la administración interna y por el cumplimiento del deber.
Éste no es otro que el de asegurar el continuo mejoramiento de la vida de la gente como titular de derechos en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. El Estado regulador, por vía de las Comisiones Reguladoras, debe tener el auxilio eficaz de la autoridad supervisora, para que la intervención estatal sea profunda y cumplidora con la gente. Allí están las dos columnas del edificio estatal moderno que ha diseñado la Constitución Nacional en el campo de los servicios públicos. Son dos columnas separadas, pero claramente interdependientes. La ciudadanía sabe, porque lo sufre, que no vivimos en un mundo de ángeles, que el camino del progreso democrático es ancho y tortuoso y que el presente es mejor que el pasado, a pesar de tantas fallas institucionales persistentes y tantos golpes que nos ha dado la naturaleza, en buena medida como respuesta a nuestros abusos contra el medio ambiente natural.
Gracias a los lectores. Por ahora, puntos suspensivos.
No bastan buenos economistas
La terrible situación fiscal griega no puede atribuirse simplemente a una sucesión de gobiernos ineptos. Es trivial tratar de medir la calidad del gobierno mediante algún parámetro universal de la buena gestión pública; en todas partes, incluyendo Colombia, siempre hay que observar un elemento intermediario, que es el conjunto de las instituciones políticas y culturales.
En este marco, el desastre griego no resulta simplemente de la acción de burócratas locos y alegrones, exentos de reglas claras de sostenibilidad fiscal. Ni aquí, ni en parte alguna, buenos economistas prácticos son suficientes para detener un torrente de acciones que degüellan las finanzas públicas y hacen colapsar la economía y que, como en el caso griego, amenazan con un contagio en toda la zona del euro. El análisis más frecuente plantea que las soluciones son de carácter económico y financiero, que la medicina puede ser amarga pero que si se aplica juiciosamente el país vuelve a recuperar la salud para empezar a pagar la cuenta de los cuidados intensivos. Aquí hace falta el análisis político, o de economía política si usted quiere.
Ni las salidas a los problemas fiscales en Grecia y Colombia son solamente económicas, ni la cosa se resuelve simplemente abandonando una supuesta manía neo constitucionalista que pone los derechos ciudadanos por encima de cualquier consideración fiscal.
Vamos a la Grecia contemporánea, que puede ser un espejo en el que mire el régimen político colombiano, pero no solamente en lo que tiene que ver con la manía. En noviembre del año pasado la Revista Virtual Opendemocracy.net publicó un artículo muy interesante del Profesor Takis S. Pappas sobre los antecedentes de la crisis griega (“The causes of the Greek crisis are in Greek politics”.
En síntesis, Pappas argumenta que los orígenes del problema están en “las enfermedades” del sistema político instalado en Grecia desde hace tres décadas, y que la solución reside en nada menos que en la reorganización del tejido político e institucional de ese país. ¿Cuáles son, según el autor, tales enfermedades? Primera, el populismo, que Pappas equipara a dos hechos: por una parte, la enorme expansión del gasto público, financiado por los generosos fondos de desarrollo provenientes de la Unión Europea (Grecia es miembro desde 1981) y por un crecimiento igualmente enorme de la deuda pública. Esta historia produjo una clase media altamente consumidora de bienes y servicios procedente de Europa. Y por la otra, una mediocre condición tributaria; la carga de impuestos en Grecia es más leve que en los demás países de la Unión Europea, debido a la evasión tributaria y a la ineficiencia del sistema de recolección de impuestos. Este hecho se refleja, además, en el gran tamaño de la llamada economía informal o paralela. Este ambiente ha producido en la población una fuerte resistencia a los ajustes fiscales.
La segunda enfermedad es la del clientelismo como condición del éxito electoral de los dos principales partidos que se disputan el poder. Y la tercera es el etnocentrismo, que se expresa según Pappas en un patriotismo extremo y la xenofobia. Siendo así, la “europeización” de la sociedad griega tiene mucho de caricatura.
Grecia va para un recorte obligado de su deuda pública a cargo de sus acreedores públicos y privados. El euro puede estremecerse. Y después tendrá que venir un volantín de las instituciones políticas. No bastarán buenos economistas.
Bajar la Escala del Mapa Cambiario
La discusión pública sobre la tasa de cambio, su posición y sus movimientos, carece de la calidad necesaria. Hay dos extremos ideológicos:
En uno de ellos están quienes quieren un vuelco al “modelo” y la erradicación de la ortodoxia dominante y las prácticas hoy aceptadas por quienes manejan el Estado. Quienes tienen estas visiones están parados en un mapa a gran escala; no se preocupan por los detalles institucionales y culturales involucrados. Están del lado de la consejería, no de la gestión. No tienen influencia alguna en las instituciones políticas.
En el otro extremo están quienes promueven una estrategia que obligue a los productores de bienes transables a bajar costos, aumentar la productividad y ser “competitivos”, como única salida ante una tasa de cambio quebrantadora. Algunos de ellos son amigos de una estrategia de “mitigación”, similar a la que se inventaron quienes montaron el sistema AIS, supuestamente para compensar en el campo el impacto del TLC con Estados Unidos. Otros, en este mismo extremo, alegan que más temprano que tarde el dólar restablecerá su condición de moneda superpoderosa: entonces el ajuste vendrá desde la Reserva Federal. Estos extremistas tienen alguna influencia en las instituciones políticas.
No voy a decir, no, que el Banco de la República está bajo el control de este extremo. De eso no se trata. El lugar que ocupa el Banco Central colombiano en las instituciones políticas está determinado en la Constitución y la Ley. No obstante, aun teniendo en cuenta los textos legales, el BR se ha ganado en la mente colectiva del “establishment” un estatus de intangibilidad que no tienen otros bancos centrales independientes del mundo. La institución colombiana de banca central es un logro importante de la Constitución del 91, y sus resultados en materia de inflación son innegables. Pero el escrutinio público inteligente e informado sobre sus acciones no es suficiente. Ello no es culpa del Banco, sino de la guardia ideológica montada por sus defensores a ultranza.
El artículo del economista Juan Fernando Echavarría U. (“Balanza de Pagos y Revaluación”), publicado ayer en este diario, va en la dirección correcta. Sin mencionar para nada la política del banco central, Echavarría reduce la escala del mapa cambiario y encuentra, por ejemplo, que la bonanza minera no ha alcanzado a producir un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, de modo que allí no se encuentra un claro impulso revaluador del peso. Que los flujos de inversión extranjera el año pasado no fueron superiores a la suma de los dividendos remitidos al exterior por compañías extranjeras y a la reinversión de utilidades. Que en el 2010 el gobierno no atizó el fuego revaluacionista. Que el endeudamiento privado sí está siendo una fuente grande de oferta de divisas. ¿Por qué y para qué este comportamiento de las empresas con domicilio en Colombia? En síntesis, falta seguir reduciendo la escala del análisis para entender qué diablos nos está pasando con la tasa de cambio. Este enfoque inteligente es la única salida. Muy buena contribución intelectual.
Falta un detalle: el influjo del narcotráfico, del contrabando y en general de la economía ilegal en la formación de la tasa de cambio; este detalle, infortunadamente, sigue siendo una nota de pie de página, si acaso, en los análisis usuales que nos ofrece el Estado sobre la situación cambiaria.
Otra vez la decencia
Óscar Paredes, director de Ingeominas desde hace sólo tres meses, está haciendo una tarea responsable y competente. Esto es lo que le ha permitido al ministro de Minas y Energía declarar que el ambiente de regulación y supervisión de las industrias mineras es una auténtica ruina.
¿Qué van a decir ahora los juiciosos analistas que calificaban como un atentado contra el progreso el movimiento ciudadano de oposición a Santurbán/Greystar y a otros ultrajes a la Ley en materia de extracción minera?
Rodado anunció la suspensión del trámite de 19 mil solicitudes de licencias. Con el supuesto “activismo empresarial” que el sólo número refleja, ningún Estado sería hoy capaz de gestionar a derechas su papel regulador. Lo que estaba viviendo Colombia ¿era una energía emprendedora sin límites, o un asalto a las débiles instituciones mineras. Una feria de bandidos. Seguramente un número de solicitudes en proceso corresponde a proyectos serios y auténticos. Son víctimas del tropel de tramposos. Ahora el gobierno debe ponerse a construir el mapa verdadero de la minería sostenible y restituirle la decencia a ese sector de la administración pública.
Mientras tanto, ay de la locomotora.
Para formar el nuevo ambiente minero hay que mirar hacia los países expertos en estas cosas; Australia es, sin duda, un buen ejemplo. No creo que allí el mundo sea perfecto; pero la historia australiana es ciertamente muy valiosa.
De entrada, en ese país es muy eficiente la información sobre el catastro y los títulos mineros; ésta se encuentra disponible en tiempo real por vías electrónicas. Usted puede saber, al golpe de tecla, quiénes son titulares de los derechos, dónde están los territorios con prospectivas adelantadas, cuál es el estado de las solicitudes, qué condiciones les han sido impuestas a todas las licencias vigentes.
En la Internet he visto que El Estado de Australia Occidental es, entre las siete jurisdicciones federales (seis Estados y el Territorio del Norte, que tiene una legislación especial), la región minera por excelencia en un país donde la minería y los hidrocarburos son de la esencia económica y social. En Australia Occidental hay más de 500 proyectos mineros comerciales, 900 operaciones mineras y 70 campos petroleros y gasíferos. El PIB anual del Estado en minas e hidrocarburos vale unos 55 mil millones de dólares, y la minería contribuye con más del 80%.
Para un título de exploración minera, el proponente somete su solicitud a la autoridad responsable. Ésta debe obtener la opinión de diversas agencias públicas. Los propietarios del suelo, las comunidades nativas y el público en general deben ser informados de la solicitud en trámite; se requiere un estudio ambiental, especialmente en áreas “sensibles” desde el punto de vista ambiental y social. Una corte estadual estudia las objeciones y recomienda las decisiones que ha de tomar el gobierno. Las licencias de exploración tienen una vigencia de cinco años, que puede extenderse si el licenciatario demuestra que requiere ulteriores trabajos exploratorios. No hay límite al número de licencias que una persona o sociedad puede poseer en cualquier momento.
Así, sobre la base de una información catastral disponible en línea y de un proceso de continua comunicación con la ciudadanía, las autoridades del Estado responden por sus obligaciones de regulación y control. ¿En qué se parece esto a la feria de bandidos en que llegó a convertirse el mundo de la minería en Colombia?
Colombia no Sabía
La sociedad rural colombiana ha vivido, por décadas, una historia indignante. Una tragedia humanitaria.
Pero Colombia no sabía. Las comunidades locales han visto el despojo de tierras en su región, pero han preferido no saber. Por miedo, o por indiferencia, los que no han sido tocados han preferido no saber. Muchas voces que han protestado y exigido protección del Estado han sido silenciadas para siempre u obligadas a hundirse en el fárrago urbano.
Colombia no sabía. Pero los poderes locales –económicos, políticos, militares, policiales, judiciales, culturales- sí. Varios de sus agentes han sido beneficiarios del botín. Y también sabían altos funcionarios, civiles y militares, y actores de alto coturno del “sector privado” en Bogotá y las otras metrópolis, asociados a los poderes locales.
Pero Colombia no sabía, porque la gente chiquita, los que no tienen voz, los expropiados, los desplazados, los asesinados, han sido invisibles. Flores de un día en los titulares de prensa. Los crímenes de ayer, los actos contra la decencia fundamental de la semana pasada, salen de escena para que venga la siguiente foto instantánea.
¿Qué se necesita para que Colombia sepa? Que el tejido social, esa cosa densa, estrepitosa y múltiple pierda la indiferencia. Éste es un mal que aqueja a todos los colectivos humanos de una forma u otra. La indiferencia es, con frecuencia, un modo de vida de la gente del común. Una práctica que sirve para no perder la cordura y para no perder el ritmo de la vida cotidiana. Ahí están, como símbolos del virus de la indiferencia, el holocausto judío, el sitio de Sarajevo, Srebrenica, Ruanda y Burundi, el exterminio de la UP…
Es estremecedora la entrevista de Yamid Amat al ministro Juan Camilo Restrepo que publicó El Tiempo el domingo. Colombia no sabía que más de seis millones de hectáreas cambiaron de propietarios en los últimos veinticinco años por cuenta de actos violentos y criminales. Se dice que el país contiene unas quince millones de hectáreas cultivables. Si la tierra despojada, abandonada o robada al Estado fuera cultivable en su integridad, entonces estamos frente a una colosal revolución en la sociedad rural, que afecta directamente a más del 40% de la base agropecuaria colombiana. Colombia, y el mundo, deben saberlo. Esta no puede ser otra foto instantánea. Lo que está diciendo el ministro de agricultura es la expresión de un funcionario valeroso y decente que debe servir para romper la indiferencia.
La revolución está aún marcha, obviamente. Lo que se pretende es poner a funcionar a Colombia en un nuevo modelo social y económico, montado sobre una tragedia humana. Un modelo rural de grandes propietarios gestionado por una alianza, formal o de facto, entre narcos, paracos, asaltantes del aparato estatal y algunos miembros de “la gente de bien”. Un modelo favorecedor de las industrias extractivas, de la destrucción ambiental y de la expulsión campesina.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es una victoria de la decencia. Juan Manuel Santos y su gobierno, el congreso impulsado por legisladores como Cristo y Rivera y varios otros de todas las fuerzas políticas, le están dando a Colombia el punto de partida de una nueva historia. Los retos administrativos, fiscales, militares, policiales y judiciales que ahora sobrevienen son enormes. Sin la sociedad colombiana en su conjunto comprometida con esta empresa, iremos de lo sublime de esta Ley como idea, a lo ridículo de un nuevo fracaso colectivo. Esta Ley es la oportunidad para que Colombia sepa. Para que pierda la indiferencia.
Los otros capítulos de los TLC
Desde Julio tendremos Acuerdo de Libre Comercio con Suiza. Vendrán después los demás signatarios del Acuerdo, que son los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA (Noruega, Islandia, Liechtenstein). El bajo nivel de comprensión de lo que abarca este Acuerdo quedó de algún modo explícito en algún informe colombiano de prensa: Dice que, bajo el acuerdo, Colombia podrá exportar a Suiza, principalmente, petróleo, café, carbón y otros minerales. Ajá. Nuestras mayores ofertas vendrán de los sectores que no necesitan Tratados de Libre Comercio para entrar en esos mercados. Es claro que debemos mantener el optimismo sobre futuros progresos en el acceso al mercado de la EFTA por parte de otras “locomotoras”, más significativas para el empleo y el desarrollo tecnológico.
Mientras tanto, otros puntos del Acuerdo debieran despertar el interés ciudadano. Son temas no vinculados con las transacciones comerciales propiamente dichas.
Igual cosa ocurre con el TLC con Estados Unidos. Las alabanzas locales tienden a concentrarse en el acceso “a un mercado de 310 millones de consumidores”; esta es la plataforma de quienes tienen fundadas sus esperanzas en los beneficios del tratado. Hablemos en esta ocasión de las normas sobre la resolución de conflictos.
Estas no son glamorosas para los economistas “puros”, y el campo queda exclusivamente para los abogados. No obstante, estos aspectos normativos tienen fuertes connotaciones políticas y de interés público. No son, simplemente, aburridos asuntos para especialistas.
Las reglas de protección de inversiones en los TLC les conceden a los inversionistas privados derechos novedosos en relación con el statu quo anterior a la moda de los Tratados bilaterales. Haciendo uso de este mecanismo extraordinario, los inversionistas privados pueden demandar indemnizaciones a los gobiernos de los países signatarios, por violaciones a las reglas de protección a inversiones. Este sistema de solución de disputas entre inversionistas y Estados permite que un inversionista que considera violados sus derechos al tenor del TLC demande el establecimiento de un tribunal internacional de arbitramento para tramitar su queja, y buscar allí compensaciones monetarias con cargo al erario del país que resulte condenado.
Este poderoso instrumento de protección de inversiones fue concebido, fundamentalmente, para blindar las inversiones transnacionales contra posibles nacionalizaciones o confiscaciones de propiedades privadas por parte de alguno de los Estados miembros del acuerdo. Pero los casos que han sido sometidos al arbitramento poco han tenido que ver con temas de expropiación: Las disputas planteadas se relacionan principalmente con leyes ambientales, regulaciones y medidas concretas tomadas por los gobiernos a escala nacional, regional o local que, según los demandantes, violan los Tratados en materia de inversiones.
Con los TLC, incluyendo el colombiano con Estados Unidos, se produjo un fuerte giro en los ejes del arbitramento internacional. El sistema existía originalmente para dirimir disputas entre partes privadas, relacionadas con transacciones comerciales concretas. Pero ahora los tribunales internacionales de arbitramento (de la ONU o del Banco Mundial) se pueden ocupar de casos relacionados con la conducción de la política pública en los países signatarios. Además, la definición de “inversionista” en el caso colombiano es bien amplia: incluye empresas, tenedores de bonos, concesionarios, y titulares de derechos de propiedad intelectual.
En el planeta contemporáneo estas instituciones ya pertenecen al tejido de la “comunidad internacional”. Seamos optimistas: estas reglas y disciplinas, que sepultan el viejo concepto de soberanía, pueden ser útiles para ponernos en orden. Pero hay que ser conscientes de que estos capítulos no comerciales de los TLC que Colombia ha suscrito son su verdadera almendra.
Abrirle Espacios a la duda Metódica
Usted no es progresista. Usted no es un social demócrata auténtico: Es que me he dado cuenta de que usted no está en contra de la globalización. Ese fue el comentario que me hizo un asistente a un panel en la Sociedad Económica del Amigos del País hace algunos años. Para no entrar en otra perorata, mi respuesta fue que quizás él se podría beneficiar de algunas lecturas cuidadosas, por ejemplo, de escritos de Amartya Sen o por Dani Rodrik. De todos modos me quedé pensando en las graves fallas de ilustración que sufren los ambientes culturales y políticos de este país y, en verdad, del mundo entero.
Los extremos ideológicos sin conocimientos suficientes tienden a dominar en los debates sobre las plataformas políticas y electorales, en la discusión sobre las reivindicaciones sociales en un mundo desigual, y aún en muchas instituciones académicas. No hay espacio para la duda metódica. Los extremos terminan siendo solidarios en la conservación del statu quo; unos, porque imaginan que no hay nada que hacer, que toda reforma es digna de desconfianza y que el mundo es víctima de una gran conspiración de los ricos, del gran capital, o del capital financiero; los otros, porque imaginan que vivimos en el mejor mundo posible y que sólo es cuestión de tiempo para que la gran máquina del progreso resuelva las fallas institucionales que no la dejan funcionar a derechas. En asuntos macroeconómicos, despojados del Santo Grial del Consenso de Washington, los neoconservadores se quedan alabando la perfección del instrumento de los mercados como organizadores de la marcha hacia el bienestar global. La simpleza del “dejar hacer, dejar pasar” (dejar pasar los bienes y los capitales, no la gente) es su consuelo, su fuente de auto complacencia.
Me quedé pensando que mi interlocutor, enemigo de la globalización, tendría que comenzar por negarse a sí mismo como sujeto y forzoso actor de unas relaciones globalizadas. Terrible perspectiva.
La percepción que se tiene de las vueltas y revueltas del TLC con Estados Unidos –un tema prisionero de la politiquería en el Capitolio y en la Casa Blanca – tiene mucho de ese sabor de ideologías extremas. Ya está en el escenario “la dignidad nacional” como el principio que hay que defender como argumento para que el congreso de Estados Unidos apruebe. Ya se dice que esta espera es un factor de bloqueo del progreso de Colombia. Se ha llegado a afirmar también que, una vez firmado el TLC, Colombia será a la vuelta de unos años uno de los pocos países en el mundo con acceso privilegiado al mercado de Estados Unidos.
Los medios, y buena parte de las voces oficiales, sólo se refieren a las puras reglas comerciales del Tratado. Algunos exportadores se preocupan porque no tienen TLC ni las preferencias del ATPDEA (los gestores de la mayoría de las exportaciones colombianas miran para otro lado: sus negocios no dependen de que haya Tratado o no, de que haya o no preferencias). Prácticamente nadie recuerda que el TLC no es principalmente sobre comercio de bienes sino sobre otras reglas relacionadas con la protección de inversiones extranjeras, sobre patentes, sobre servicios transfronterizos.
El grueso de la gente no entenderá por qué, cuando quede en vigencia el TLC, el aparato económico de Colombia no será arrasado por la hojarasca del “libre comercio”, ni la sociedad colombiana entrará en una nueva era de progreso sin freno impulsada por la misma maravilla.
Sostenibilidad fiscal: mucho ruido y pocas nueces
Tras un proceso poco edificante, el intento de crear un nuevo derecho -el derecho a la sostenibilidad fiscal– pasó a ser solo un “principio orientador”. Detrás estaba y sigue estando la intención velada de amarrar los derechos sociales y económicos de la población a reglas rígidas de carácter fiscal, sin tocar los impuestos.
Mal proceso, mala idea
Desde su concepción, el proyecto de reforma constitucional sobre la sostenibilidad fiscal[1] ha sido un proceso poco edificante. Poco constituyente, en verdad, si por “constituyente” entendiéramos un acto de consolidación nacional.
Inicialmente el gobierno Uribe en sus postrimerías le propuso al congreso adoptar en la Constitución el derecho a la sostenibilidad fiscal; se abstuvo de proponer las reglas cuantitativas que habrían de definir la sostenibilidad fiscal en Colombia; tampoco precisó los agentes estatales responsables de esta definición.
En la práctica, esta obligación quedaría a cargo de mentes supuestamente dotadas de ilustración y con sólidos criterios “macroprudenciales”, pero exentas de responsabilidad política. Para muchos críticos, con esta referencia precaria a la “sostenibilidad”, se corría el riesgo de hacer aún menos transparente la política fiscal.
El Proyecto de Acto Legislativo ha tenido cambios sustanciales durante los cinco debates realizados en el Congreso. Esta metamorfosis curiosamente no ha sido objeto de mayor discusión pública.
¿Cómo va quedando el texto?
Vamos a la cinta de vídeo, como solía decir un comentarista deportivo gringo…
A dos semanas de entregar el poder, la anterior administración radicó ante el Congreso un Proyecto de Acto Legislativo “Por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho”.
El texto inicial del Proyecto convoca a “todas las ramas y órganos del poder público”, a colaborar armónicamente para hacer cumplir este nuevo derecho formal. Y le impone al Congreso explícitamente, la obligación de tener en cuenta las condiciones de la sostenibilidad fiscal a la hora de “determinar el alcance concreto de los derechos sociales y económicos consagrados en esta Constitución”.
Después de varios cambios sustanciales al proyecto original introducidos en el Capitolio (cambios que no le produjeron mayor molestia al ejecutivo), lo que aprobó la Comisión Primera de la Cámara en quinto debate quedó así[2]:
“TEXTO APROBADO EN LA COMISION PRIMERA DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES EN PRIMER DEBATE SEGUNDA VUELTA AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NUMERO 016/10 –CAMARA–
“POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PRINCIPIO DE LA SOSTENIBILIDAD FISCAL”
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 334 de la Constitución Política quedará así:
La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva y programática los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario (énfasis añadido).
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.
La sostenibilidad fiscal es un principio que debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica (énfasis añadido).
Parágrafo: Bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la aplicación del principio de sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales (énfasis añadido).
Artículo 2°. El primer inciso del artículo 339 de la Constitución Política quedará así:
Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal (énfasis añadido).
Artículo 3°. El primer inciso del artículo 346 de la Constitución Política quedará así:
El gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de cada legislatura. El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo (énfasis añadido).
Artículo 4°. El presente Acto Legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación.
De derecho… a principio
El título ya no habla de establecer un derecho, sino un principio, y ya no contiene referencia a los fines del Estado Social de Derecho. Queda para los expertos el debate sobre las formalidades que ello implica; sabemos, sí, que la adopción de un nuevo derecho a la sostenibilidad, que generaría evidente tensión con los derechos sociales y económicos, produjo oposición en diversos sectores políticos. Basta recordar los resultados de las votaciones en los cinco debates.
En concordancia, el nuevo texto sólo hace referencia a que el Principio de Sostenibilidad Fiscal debe orientar la acción armónica de los poderes públicos.
Ahora bien, un observador informado se haría entonces preguntas como estas:
- ¿Por qué se necesita elevar la sostenibilidad fiscal a principio constitucional? Entre otras cosas, sólo tres o cuatro países han llevado reglas fiscales numéricas al rango constitucional (Alemania, Suiza, Polonia, Comoros, Brasil)[3]. Pero ninguno entroniza la “sostenibilidad fiscal” como derecho o principio a secas en la Constitución.
- ¿Acaso este nuevo Principio marcaría alguna diferencia sustancial con el statu quo?
- ¿Acaso los sucesivos documentos del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que el gobierno debe presentarle periódicamente al Congreso (Ley 819 de 2003 sobre “normas orgánicas de presupuesto para la transparencia fiscal y la estabilidad macroeconómica”) no están fuertemente marcados por el compromiso con la sostenibilidad fiscal?
- ¿Acaso el Congreso no debe examinar, debatir y criticar estos documentos, de acuerdo con la Ley?
- ¿Se ha mostrado el legislativo como un órgano opuesto al compromiso del gobierno con la sostenibilidad y con el enfoque del MFMP?
La evidencia es clara: el Congreso ha sido permanentemente obsequioso en su examen de estos papeles claves en la orientación de la política fiscal. Con toda coherencia, el último Plan de Desarrollo es explícito y reiterativo en tomar el MFMP como la guía central de la programación macroeconómica, presupuestal y de inversiones plurianuales; el Congreso encuentra obvio este vínculo y por tanto no ha pronunciado palabra al respecto. Para el congreso, son irrefutables las bases del cálculo de la sostenibilidad fiscal que plantea el ministerio de Hacienda.
Qué hay detrás
Las razones de este afán constituyente están en la mente de la mayoría de los observadores: El propósito original de esta reforma era crear una tensión explícita entre el nuevo derecho a la sostenibilidad y los derechos sociales y económicos –especialmente en el ámbito judicial.
La Exposición de Motivos que acompaña al texto original del proyecto reitera que la propia Corte Constitucional ha defendido:
- La necesidad de que exista coordinación entre las funciones del Banco de la República y la ejecución de la política económica general, a favor de los objetivos generales del Estado Social de Derecho.
- La intervención del gobierno nacional en las finanzas de las entidades territoriales como instrumento para conjurar una crisis estructural de éstas, que podría amenazar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica.
- La preeminencia de la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones sobre los intereses particulares de los beneficiarios de regímenes especiales.
- La prevalencia de la protección general de los derechos económicos y sociales sobre la prestación de algún derecho particular, para asegurar que el conjunto de aquellos sea reconocido de manera progresiva.
Sobre la base de este llamado implícito a la coherencia jurisprudencial de la Corte, el gobierno concluye que los altos jueces han defendido la superioridad de los principios de sostenibilidad fiscal y de estabilidad macroeconómica, como condición para que el Estado no falle en sus objetivos sociales fundamentales. De allí procede a plantear la necesidad de elevar a rango constitucional el derecho ciudadano a la sostenibilidad fiscal y el deber estatal de protegerlo.
Pero la noción de derecho ha desaparecido del proyecto, y se ha reemplazado por la noción de principio. Como tal, la sostenibilidad fiscal no estaría sometida a reglas específicas sino a declaraciones orientadoras. Este cambio seguramente deja contentos a importantes sectores del Congreso.
Inesperadamente, en el quinto debate se aprobó el parágrafo del artículo primero del proyecto: No se podrá invocar la aplicación del principio de sostenibilidad fiscal “para menoscabar los derechos fundamentales”. Esta sí que es una contundente declaración de principios que minimiza la tensión entre sostenibilidad y derechos y reduce drásticamente el alcance originario de los propósitos del Proyecto de Acto Legislativo.
Mucho ruido y pocas nueces. Es obvio que el gobierno ha quedado perplejo ante este desarrollo, y no se sabe cuál será ahora su reacción.
Impuestos: Esa es la cuestión
Derecho, o principio, en todo caso queda abierta la cuestión fundamental; la ecuación de la sostenibilidad fiscal contiene un factor que prácticamente ha desaparecido del debate público: el factor tributario.
La falta de progresividad del sistema de impuestos y la debilidad de las instituciones fiscales, muy bien sometidas a discusión en reciente artículo de Antonio Hernández Gamarra y Luis Hernando Barreto Nieto en Razón Pública, son factores que reducen sin remedio las expectativas de una sociedad justa en un ambiente de sostenibilidad fiscal.
Derecho, o principio, si finalmente algo de “sostenibilidad” queda escrito en el Libro, el congreso y los altos jueces mantendrán la obligación de recordar que la Constitución contiene otro principio: el de promover un sistema tributario fundado en “los principios de equidad, eficiencia y progresividad”.
Y deberían ser llamados también a legislar y sentenciar sobre dos hechos que hacen parte de la misma realidad: el mediocre factor tributario que persiste en la ecuación de la sostenibilidad fiscal, y la difícil andadura colombiana hacia la justicia social. Así, algo bueno podría resultar de este episodio poco edificante.
[1] Ver el texto original del proyecto de acto legislativo y la exposición de motivos, siguiendo ese link: http://www.gestionlegislativa.com/documentos/PAL_016-2010C_(Sostenibilidad_Fiscal).pdf
[2] http://www.facebook.com/notes/el-diario-electronico/sostenibilidad-fiscal-pasa-ahora-a-plenaria-de-c%C3%A1mara/202975789723206
[3] International Monetary Fund (2009) Fiscal Rules – Anchoring Expectations for sustainable Public Finances. Prepared by the Fiscal Affairs Department. December 16. Washington http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/121609.pdf
Ecologismos sin contenido político
Como están las cosas, es obligado escribir sobre el clima extremo que –literalmente- cae sobre el territorio. La coyuntura desata ecologismos de todos los colores. Somos testigos de súbitos ecologismos que son rasgaduras de vestiduras sin propuestas de política pública y que no pasan de ser lamentaciones por el maltrato a la naturaleza. Y que siga la fiesta.
Asistimos también a llamados ecologistas vacíos, a una ética diferente, a la “educación”, sin prácticas concretas.
Hay una visión ecologista, muy frecuente en este país, que se imagina a Colombia como gran paisaje, incluyendo el paisaje urbano agradable que sale en muchos medios gráficos. La gente juega allí el papel de ser un ornamento visual, o un pistero en el ojo, dependiendo de su bonitura, modo de vestir o talante. Pertenecen a esta categoría de ecologismo expresiones como “admiremos nuestro café, nuestras esmeraldas, nuestras mujeres”. Pertenecen también a ella imprecaciones como la que escuché en una campaña electoral hace nueve años: “Colombia es un país muy bello, pero hay unos sinvergüenzas que no dejan que lo disfrutemos”.
Cuando la gente y las instituciones hayan salido de la urgencia de las inundaciones, los derrumbes, los bloqueos, los desplazamientos, es necesario ponerse a pensar en los modos de rescatar los equilibrios naturales hasta donde sea factible.
Lo que está ocurriendo obliga, en nombre de la decencia y de la dignidad humana, a darle un volantín a la muy mala historia ambiental colombiana. Esta no es sólo una tarea técnica, ni una transformación regulatoria, ni una reforma institucional ni una labor policial. Los destrozos ambientales provocados por personas e instituciones que han roto de múltiples maneras los ciclos naturales de las aguas desde los páramos hasta los valles y las llanuras, las desviaciones forzadas de ríos y quebradas, las industrias extractivas dejadas a su albedrío, están estrechamente vinculados con el orden social imperante.
Si ello es así, hay que dirigirse a resolver los problemas del poder, la política, la ética y la pobreza, que conforman el cuadrángulo donde se encuentra la muy mala historia ambiental colombiana.
El poder rampante, que le mama gallo a la Ley, de propietarios, poseedores u ocupantes violentos del territorio es un factor determinante del problema. Estas acciones destructoras son posibles porque el ejercicio del poder político formal es solidario con la conducta ilegal de muchos de quienes ocupan el territorio rural y urbano. La pobreza, por su parte, le añade innumerables elementos a la degradación que está sufriendo el medio ambiente natural. De este modo, los dos extremos de la escena social actúan como una tijera que rompe y pone en duda la sostenibilidad de la vida.
De allí que, más allá de los necesarios reclamos por la educación y la toma de conciencia, las organizaciones políticas –las existentes, y las que se encuentran en formación- están obligadas a llevar a sus plataformas, en lugar predominante, el advenimiento de una nueva relación entre el mundo natural y la comunidad humana. Sólo mediante un auténtico poder popular se le podrá poner freno a los abusos del poder real y formal. Sólo ese poder podrá elevar a la cúpula de los propósitos sociales el combate a la pobreza y la desigualdad, que obligan a la gente a consumir masivamente los bienes naturales. La política debe ponerse al frente. Una nueva política en la que no haya permanente fricción entre el ejercicio del poder y los principios de una ética responsable con la naturaleza.
¿Regla fiscal en la Constitución?
Hay preguntas sin respuesta. Hace unos veinte años asistí a una conferencia del físico y filósofo Argentino Mario Bunge en la Universidad de la Plata. Después de su charla ante centenares de asistentes, muchos querían acercársele a para pedirle un autógrafo, o para tener una foto con él. Uno de sus admiradores logró cruzar miradas con Bunge y, agobiado por la excitación, sólo acató a preguntarle: “maestro, ¿y cómo va esa filosofía?”
Hay preguntas con una sola respuesta. ¿Es buena la sostenibilidad fiscal? No hay una sola voz articulada en contra de un principio que se anida en la ética pública y en la decencia en el manejo de los asuntos del Estado. Si en el mundo hay numerosos ejemplos de vulneración de este principio, ello es el resultado de fallas institucionales en el manejo de las finanzas públicas; fallas vinculadas con la falta de responsabilidad política de los gobernantes, con la mala regulación de los mercados financieros, con la prevalencia de ciertos pecados capitales, en fin…muchos aspectos del mundo contemporáneo se inclinan decididamente a violentar los principios de la ética y la decencia. El antídoto está en el buen gobierno como conducta.
Hay que tener reglas fiscales, claro, contra los “espíritus animales”. Pero es un pésimo dispositivo de debate poner del lado de los enemigos de la sostenibilidad fiscal a quienes hacen observaciones a la manera como se imponen las reglas fiscales y al contenido mismo de dichas reglas. Para hacer las cosas bien, es importante tener en cuenta las lecciones de otras partes y reconocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Las opiniones editoriales que publican algunos órganos de prensa internacionales y los comentarios de algunos columnistas especialmente influyentes, tienden a recibirse aquí como la verdad irrestricta. Si, por ejemplo, The Economist aplaude, se trata de un espaldarazo, de una buena calificación. Si critica o rechaza, se toma como un regaño del Olimpo que debe llevar a corregir el rumbo. No importa si las opiniones de esa revista, o del Wall Street Journal, o similares, han sido escritas por alguna mano ignota residente en Los Rosales de Bogotá.
Desde la redacción de The Economist (¿Escritorio de Rosales?)se escribió el 14 de Abril lo siguiente: “…Pero en un país cuya corte constitucional puede obligar al gasto público (por ejemplo, al declarar que la gente tiene derecho a cuidados médicos de alto costo)” (…el Proyecto de Ley de la regla fiscal) puede no ser suficiente. Así, el gobierno está impulsando una reforma constitucional al estilo Alemán para entronizar la noción de sostenibilidad fiscal.” Caramba, lo dijo The Economist. Hubo voces editoriales contentas por el resto del artículo, pero nadie hizo notar que el texto transcrito nos da la razón a quienes creemos que el Proyecto de Reforma Constitucional busca (o buscaba, ya no se sabe) generar una tensión constitucional entre los derechos fundamentales y el derecho, o principio, de sostenibilidad fiscal. Y que, visto así, este no es un buen acto constituyente.
El FMI publicó en diciembre de 2009 un artículo muy bueno sobre las reglas fiscales en los países miembros. Según éste, sólo cinco países han llevado a sus constituciones reglas numéricas de manejo fiscal: Alemania, Suiza, Polonia, Comoros y Brasil. Ninguno pone en el Libro la sostenibilidad fiscal como un principio a secas. Todos le ponen cifras. ¿Acaso no sería mejor aprobar una buena Ley de Regla Fiscal en vez de ir hasta un mal acto Constituyente?
TLC, afortunada paradoja
Causaré indignación en ciertas almas patrióticas: Yo sí creo que la justicia y la libertad han tenido un avance cierto con los últimos acontecimientos en el trámite del TLC con Estados Unidos. Después de siete años de ires y venires, silencios y dilaciones, ahora parece que el nudo se desata mediante un “programa conjunto” de rescate y promoción de la decencia en el régimen laboral y en la protección de los derechos sindicales en Colombia.
Afortunada paradoja: El TLC ha producido un resultado positivo concreto para un sector social radicalmente opuesto a este acuerdo llamado de libre comercio. Los compromisos que adquirió el gobierno en materia laboral y de protección a los derechos básicos podrían ser más importantes para Colombia que la gran mayoría de las cláusulas del Tratado. Si se aprueba finalmente en Washington, el TLC le va a doler a la sociedad colombiana en muchos puntos sensibles. Pero los dolores podrían compensarse en buena medida mediante una mejora notable en la calidad de la vida laboral. Esta es una excelente noticia, en una historia cubierta de ultrajes y de indiferencia en el ánimo de buena parte de la comunidad colombiana. Han de estar de plácemes los líderes de las precarias organizaciones de trabajadores. Y han de estar preparándose también para asumir la conducción seria y ponderada del movimiento social.
Los devotos del TLC se torcían de indignación ante el continuo desdén de la contraparte. Ahora otros comentaristas ven ultrajada la dignidad nacional por cuenta de la manera como el gobierno de Estados Unidos “le impone” estos compromisos al gobierno colombiano a guisa de “si quieres marrones, aguanta tirones”. Esta indignación es prueba de la liviandad con que la cúpula social observa el mundo sindical, sus agobios y tragedias. ¡Qué va! La dignidad nacional ha sido largamente ofendida, a la vista del mundo, por la violencia de la vida en Colombia. Venga de donde venga el impulso, lo que importa es que Colombia introduzca factores de respeto y compasión por su gente. Es cierto que el telón de fondo de este “programa conjunto” es la disputa política interna de los gringos. Pero si aquí no ha habido suficiente poder ciudadano y sindical para poner las cosas en orden, pues bienvenida la intervención desde afuera. Fernando Pessoa dijo, mi patria es la lengua portuguesa. Digamos también que la dignidad humana no tiene bandera. Para que nadie se sienta tratado como un lacayo, hay que cultivar la auténtica dignidad nacional: La que proviene de vivir en un país apacible.
Ahora es más probable que el TLC pase por el aro de fuego del Congreso de Estados Unidos. Vamos a ver. Hay que repetirlo: no será una panacea, ni la roca que empuje al abismo a la economía nacional.
Lo que ahora resulta sensato es poner el asunto en el terreno que corresponde, que es el terreno de los asuntos de interés nacional y su contraste con los negocios privados. En lo puramente comercial, el 37% del universo arancelario de Estados Unidos tiene tarifa igual a cero. El arancel promedio es 3%. Colombia no requiere tratamiento especial para acceder al mercado gringo de café, petróleo, carbón, banano, ferroníquel, oro, esmeraldas. Esas corrientes comerciales no necesitan TLC. En las actuales condiciones de infraestructura física y de tasa de cambio, no se ve por dónde podría venir, en el futuro previsible, un sustancial aumento de las exportaciones beneficiarias del TLC.
Pero, bueno, apareció un inesperado punto a favor.
Siete años, y lo que falta
En el ambiente interno es evidente el fastidio con el largo capítulo de la ratificación del TLC en el Congreso de Estados Unidos. Este acuerdo comenzó siendo aclamado por el gobierno Uribe como un instrumento clave del desarrollo colombiano, dizque por el agotamiento del mercado interno; la administración Santos lo considera “modernizante” pero, con una buena dosis de hastío, la Canciller dijo que Colombia bien podía vivir sin el TLC.
Comentarios de similar contenido ha hecho el embajador de Colombia en Washington, Gabriel Silva. Él dice que Colombia “no se obsesiona” con el TLC. Obsesión o no, para muchos sectores de opinión en Colombia esta saga de cinco años desde cuando los negociadores firmaron el texto del acuerdo – después de dos años de conversaciones – se ha convertido en un asunto de dignidad nacional. Por ello, ya se discute menos sobre la real conveniencia estratégica del TLC, y más sobre el maltrato que los gringos le dan a uno de sus principales aliados regionales. Recogiendo este ambiente, el director de la Revista Virtual Razón Pública Hernando Gómez Buendía ha escrito que la tardanza en ratificar el Tratado es humillante, y que bien vale la pena escudriñar un nuevo camino, mirando al sur y a China. Cierto. Probablemente el Embajador Silva hubiera dicho lo mismo si no fuera por la dureza de su investidura diplomática.
En el Capitolio y en la Casa Blanca la preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Colombia es un factor de bloqueo del proceso legislativo del TLC. Un factor de muy alta legitimidad y urgencia, sin duda. Y también ha sido un buen argumento de los lobbies sindical-electorales que influyen en la actitud de muchos legisladores gringos del Partido Demócrata y en la del presidente Obama.
En los últimos días el congreso gringo parece haber salido del letargo con el TLC colombiano, dándoles nuevas ilusiones al gobierno y a los ofendidos en su dignidad nacional. Pero hay que ser realistas: Se trata de movimientos impulsados principalmente por el tira y afloje de la política interna de Estados Unidos, y no tanto por la solidaridad continental, o por razones geopolíticas. El lunes el Wall Street Journal publicó un artículo firmado por dos importantes senadores demócratas, Kerry y Baucus, presidentes de dos comités claves del Senado. El artículo clama por la ratificación del TLC colombiano, indicando que el tratado abre nuevos mercados para las exportaciones de Estados Unidos, que las cosas han mejorado en la legislación laboral colombiana y que las autoridades aquí están haciendo esfuerzos concretos para mejorar la seguridad personal de los líderes sindicales.
Esta declaración sugiere que el TLC pasará con facilidad en el Senado. Los líderes demócratas de la Cámara Baja han dicho, por su parte, que la Casa Blanca debe presentar al mismo tiempo, para su aprobación, los tres tratados pendientes: Los de Corea del sur , Panamá y Colombia. Debe recordarse que Obama quiere que se ratifique el TLC negociado con Corea del Sur de manera separada y previa respecto de los acuerdos con Panamá y Colombia. Pero los líderes de su partido en el congreso le están diciendo que debe abandonar esta posición. Así, la dignidad nacional que algunos sienten ofendida pende de las disputas internas del partido de gobierno. Todos: Obama y los legisladores demócratas tienen los ojos puestos sobre los lobbies y sus electores y no tanto sobre el interés nacional de Colombia. Veremos.
Dos mundos en el mismo espacio
Nadie se disgusta o se entristece porque la calificadora de riesgos Standard & Poor’s le haya dado a la deuda del gobierno colombiano en moneda extranjera una calificación de riesgo que significa tener “grado de inversión”, según las convenciones al respecto. Como es obvio, a casi toda la gente esta cosa el importa un bledo. Pero a los interesados les arranca aplausos entusiastas.
Se espera que al menos una de las otras dos grandes calificadoras, Moody’s y Fitch hagan lo mismo que S& P muy pronto. Para el manejo fiscal colombiano estas son buenas noticias: mejores tasas de interés de la deuda nueva, alza en los precios de los instrumentos de deuda emitidos por el gobierno, mayores flujos de capitales con ganas de comprar activos colombianos, alabanzas de la prensa especializada, la sensación de vivir en el bario que toca, etc. Todo ello, por cuenta del curioso semáforo que se ha construido con las calificaciones profesionales de riesgo soberano, mediante el cual el cambio de amarillo a verde pone en el radar de los inversionistas financieros con mayor brillo los papeles de deuda del gobierno colombiano.
Es explicable que los llamados medios especializados hagan sonar sus trompetas ante esta noticia. Y lo es también que el gobierno se ponga contento y le quiera sacar todo el jugo financiero y de comunicación pública a la buena nueva.
Pero también es conveniente poner el tema en la luz y en la dimensión apropiadas, y bajarle a la hipérbole: con el grado de inversión no se califica al país, ni a la patria, ni al Estado, ni al gobierno como un todo, ni mucho menos a “Colombia”. Estaríamos aviados, como dicen los españoles, si las calificadoras tuvieran ese alcance, que ciertos medios interesados les quisieran dar a las decisiones de esas entidades. Repito: Se califica el riesgo que comporta la tenencia de deuda en moneda extranjera, a corto y largo plazo, emitida por el tesoro nacional de Colombia. Eso.
Buena noticia, sí. Pero no hay felicidad completa: El semáforo en verde (si Moody’s o Fitch se mueven) puede causar problemas con la revalorización del peso colombiano. Puede perjudicar a los exportadores y a la estructura productiva nacional. Puede causar costos fiscales imprevistos. Ya veremos al gobierno y al Banco de la República debatiéndose entre el “dejar hacer, dejar pasar” y la imposición de ciertos controles a la entrada de capitales financieros. Gajes de su oficio.
No tengo deseo alguno de que las insignes calificadoras le quiten el penacho del grado de inversión a la deuda colombiana. Pero hay aquí una triste paradoja: El asesinato de la jueza Gaona, los retos terroristas al aparato judicial, el asesinato de seis jueces en los últimos cuatro años, las 750 amenazas a operadores de la justicia denunciadas por el Consejo Superior de la Judicatura en el mismo periodo, las torvas imprecaciones de élites regionales contra la política del gobierno en materia de restitución de tierras, los asesinatos de líderes y promotores de este acto histórico en varios sitios del país, tantos otros hechos contra la institucionalidad, demeritan gravemente, en la práctica, la seguridad jurídica que tanto reclaman las comunidades de negocios e inversionistas.
Son dos mundos distintos en el mismo espacio geográfico, dos realidades que se superponen: el refulgente grado de inversión, y la oscura escena de la administración de justicia. Lo peor, como dice Rodrigo Uprimny en el Espectador, es que la gente no se indigna ante actos atroces como el asesinato de Gloria Constanza Gaona; no hay una sensación de amenaza colectiva cuando se mata a un juez. La brújula ética está loca en Colombia. Pero tenemos grado.
¿Pantano en el desierto Libio?
El gatillo que hizo disparar las revueltas populares en Egipto y otros países de la región tiene más que ver con el precio y los racionamientos del pan, que con la visión de una democracia liberal o de una república islámica. ¿Quién puede demostrar que lo que reside en el alma colectiva de los egipcios es el sueño de una sociedad democrática? Francamente, uno sólo escucha esta afirmación en labios de los agentes de la diplomacia gringa y europea.
En Egipto acaba de celebrarse un referendo sobre la reforma de la Constitución. La participación electoral fue del orden del 40 por ciento, ciertamente mayor que el promedio durante la era de Mubarak, pero precaria para una consulta popular con este objetivo radical. La mayoría de los votantes aprobó las reformas propuestas, que básicamente consisten en limitar a dos periodos la permanencia del presidente y a reducir el uso del Estado de Emergencia como instrumento legislativo. Vienen ahora elecciones parlamentarias y después la del presidente. Todo ello deberá ocurrir ese año. Veremos. Ello le dará mayor claridad al rumbo previsible de la sociedad egipcia.
Para un observador no experto, pero dotado de una buena dosis de escepticismo, los acontecimientos de Libia en los últimos días han dejado una densa estela de interrogantes.
La historia de las cruzadas – las intervenciones - internacionales por la libertad, por la democracia, por la fe, por toda suerte de objetivos altamente meritorios, está cubierta de fracasos, resultados opuestos a los propósitos, episodios muy duros para la gente chiquita. Recordemos, al desgaire, algunas cruzadas recientes: Irak 1991 y 2003, Bosnia – Herzegovina 1992, Vietnam, Bahía de Cochinos, las intervenciones soviéticas y norteamericanas en Afganistán…… todas han sido, en menor o mayor grado, expediciones al corazón de la oscuridad, para no hablar de las guerras directamente impulsadas por las ganas coloniales de controlar activos valiosos. Todas lo son, dice el sabio práctico.
La ONU “autorizó” la semana pasada una intervención internacional en Libia, con el objetivo explícito de proteger a la población civil contra la agresión de las fuerzas militares del coronel Gadafi. De inmediato estos actos de protección tomaron la forma de ataques contra objetivos militares usados por las fuerzas del coronel contra los “rebeldes”. ¿Alguien sabrá quiénes son los rebeldes, qué piensan de la libertad y de la democracia, cuáles son sus objetivos estratégicos más allá de la derrota, la expulsión, o la decapitación de Gadafi, quiénes los han armado, dónde está su comando central?
Estados Unidos ha tenido, evidentemente, una gran reticencia a zambullirse en un pantano libio, tan espeso como el iraquí o el afgano, o el vietnamita. Espera que los europeos y los países del golfo pérsico (más Egipto) asuman. Pero nadie sabe cuáles serán los próximos actos en esta tragedia, ni sus actores estelares.
La Secretaria Clinton ha dicho que “estamos con el pueblo de Libia”. ¿Sabe ella qué hay dentro de esa entidad? ¿Es el pueblo libio una unidad, a la que sólo se le oponen Gadafi, sus vírgenes pretorianas y sus hombres en armas? ¿Cuál es la importancia de las tribus ancestrales libias y la hondura de sus conflictos? ¿No es acaso Libia una sociedad tribal?
Hay que soportar las licencias del lenguaje diplomático; pero la siguiente declaración de Obama es alucinante: “Gadafi perdió la confianza de su propio pueblo, y la legitimidad para conducirlo.” ¿Las tuvo alguna vez el coronel? ¿De verdad el Departamento de Estado consideró algún día a Gadafi como gobernante legítimo? ¿Cuántos hay como Gadafi, que merecerían entonces una buena estrujada militar?
Busco el alivio del diccionario del diablo, de Ambrose Bierce:”Diplomacia. El arte de mentir a favor del país de uno”.
El Plan no casa con los propósitos sociales
El Presidente Santos hizo una declaración histórica el lunes en Quibdó, durante la presentación del Plan Nacional de Prosperidad Social y de la Red Juntos. Declaró: “diría, y esta es la primera vez que lo digo: reducir la pobreza es nuestra meta prioritaria. El PND se resume: más seguridad, más empleo formal, menos pobreza; pero menos pobreza dentro de ese triángulo es nuestra prioridad”.
Esta declaración tendría que llevar a una revisión a fondo del Plan de Desarrollo que ha elaborado la administración para presentarlo al Congreso.
Para la reducción de la pobreza medida en términos de ingreso un factor clave es el crecimiento acelerado de la economía, que a su vez debe llevar a un crecimiento acelerado del ingreso promedio de las familias: Este vínculo entre reducción de la pobreza y crecimiento se da positivamente, siempre y cuando la distribución del ingreso no empeore al tiempo que la economía crece. Lo anterior no es ciencia económica: es aritmética. Así, desde el punto de vista de la estrategia del desarrollo, o de la prosperidad, para usar el lenguaje oficial de hoy, la gracia está en saber si el crecimiento económico previsto tiende a mejorar o a empeorar la distribución del ingreso. Hay abundante análisis en Colombia de la mala calidad del crecimiento económico colombiano durante la última década, en términos de su impacto distributivo. Algunas declaraciones del gobierno actual reconocen la mediocridad social del proceso económico reciente. Esto sí es el del campo del análisis económico y de la economía política, y no de la aritmética. Y este el reto de la política pública.
Si los propósitos del gobierno se han de evaluar centralmente mediante el logro de metas significativas en reducción de pobreza, entonces los instrumentos intermedios han de ser: un rápido crecimiento económico, un crecimiento que no continúe favoreciendo la desigualdad social, la intervención estatal en la comunidad más pobre y una estrategia afirmativa de combate a la mala distribución del ingreso.
Colombia, uno de los campeones mundiales en desigualdad, tiene poca oportunidad de alcanzar buenas cifras de crecimiento. Aquí es menor el consenso académico, pero la literatura especializada concluye que los países desiguales tienen tasas de crecimiento potenciales mucho más bajas que aquellos donde hay mayor igualdad de ingresos.
Así pues, el reto de este gobierno no puede ser simplemente el de poner en marcha las locomotoras, mejorar la promoción social y la intervención estatal directa en la población más pobre, sino darle un volantín a los ejes de la desigualdad. No puede esperar que la mecánica del crecimiento resuelva el acertijo: Se necesita una transferencia de ingresos de arriba hacia abajo. Y esta transferencia sólo puede ocurrir con una política tributaria verdaderamente progresiva. Y esa no aparece en los papeles de trabajo de la administración, ni hay voces en el Congreso que hablen de ella.
Claro que se requiere la acción directa de atacar la pobreza extrema de manera focalizada y coordinada; es necesario confiar en los propósitos de la Red Unidos, y esperar que las graves fallas de la política social tengan una buena corrección en los próximos años. Me gusta mucho, por equilibrado, franco y claro lo que ha dicho y escrito Samuel Azout, Consejero Presidencial para la Prosperidad. Es una buena voz para el presidente. La vaina es que la contundencia de la declaración de Santos en Quibdó, y las de Azout, no casa con la mediocridad de las metas del Plan de Desarrollo. Como dice Jorge Iván González, los remedios no empatan con el diagnóstico. ¿Qué falta? La decisión de implantar en Colombia un régimen tributario compatible con la democracia social.
